Durante los últimos meses, el brote de la enfermedad conocida como COVID19 se ha extendido por todo el mundo, con consecuencias conocidas por toda la población tales como un elevado número de fallecimientos, saturación de sistemas de salud, y la detención de numerosas actividades económicas.

Sin embargo, y aunque el virus afecta por igual a mujeres y hombres, existen diferentes consecuencias en función del género, relacionadas tanto con aspectos biológicos como con aspectos sociales (The Lancet, 2020), que deben tenerse en consideración a la hora de estimar su impacto en la población.

Entre estos últimos, cabe destacar un efecto colateral de la pandemia, y es el aumento en la prevalencia de la violencia de género, tal como ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud (2020), relacionada con las medidas de confinamiento que han sido necesarias para frenar su expansión, tal y como muestran informes enviados por diferentes países, como por ejemplo en Brasil donde los casos denunciados aumentaron entre un 40 y un 50%, o una región en España donde las llamadas a servicios de ayuda aumentaron un 20% en los primeros días del confinamiento (Naciones Unidas, 2020; Sosa y Torres, 2020; Colell y Martín, 2020). También en Reino Unido se registró un aumento similar de las llamadas realizadas a servicios de ayuda telefónica, asi como de las visitas a organizaciones que se dedican a la protección de las mujeres (Bradbury-Jones and Isham, 2020).
Por otro lado, si la tasa de denuncias ya era escasa antes de la crisis (según Naciones Unidas, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda), las circunstancias actuales dificultan más aún el contacto con servicios sociales, incluyendo salud mental y apoyo psicosocial, alimentando la sensación de impunidad para los agresores.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta las desigualdades económicas como un factor adicional de abuso. Por un lado, existen evidencias de que la epidemia afectará de forma directa a las mujeres, que tienen sueldos menores, menor capacidad de ahorro, y trabajos menos estables, representando además la mayoría de hogares monoparentales. Como ejemplo, cabe destacar que en los países más afectados por el brote y las medidas destinadas a frenar su expansión, el sector servicios es el que ha presentado mayor índice de despidos, siendo estos puestos de trabajo (hostelería, limpieza, comercio) realizados mayormente por mujeres (UNCTAD, 2020).
Por otro lado, las mujeres siguen jugando un papel mayoritario en la realización de tarea del hogar y el cuidado de niños y y familiares dependientes, especialmente tras al cierre de colegios y centros asistenciales que aumentan su carga de trabajo.

En esta situación, la epidemia de COVID proporciona a los agresores mayores oportunidades para el control y la explotación económica. Así, por ejemplo, el maltratador podría interferir en la capacidad de su pareja de acceder a un trabajo, entre otras formas al rechazar la posibilidad de compartir las labores de cuidado de los hijos o impidiendo la salida o el uso del vehículo privado (dadas las restricciones existentes en el transporte público); en el caso de un puesto de teletrabajo, otra posibilidad de control implicaría dificultar el acceso de la mujer a los medios necesarios para el mismo, como el ordenador o el teléfono. Además, la presente incertidumbre podría hacer que el maltratador controlara el acceso a los recursos o servicios esenciales, tales como calefacción, energía o alimentos.
En conclusión, las repercusiones económicas de esta crisis pueden ser demoledoras para las víctimas, suponiendo barreras adicionales para abandonar la relación de abuso e iniciar una nueva vida independiente.


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